Han transcurrido ya ocho años desde la aprobación en 2007 de la Ley 20/2007 que regulaba el Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Esta ley se creo con la intención de equiparar el nivel de protección social de los autónomos con el de los trabajadores por cuenta ajena, de tal manera, que los derechos de los trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fuesen los mismos que los de los trabajadores del Régimen General.
También, con la creación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, se reguló una situación específica que afectaba a numerosos trabajadores autónomos, tal y como habían ido estableciendo durante muchos años, y de forma reiterada, diferentes sentencias. Situación que no ha conseguido corregirse del todo debido a las dificultades que esta figura ha encontrado para implantarse, con lo que en 2015 siguen dándose numerosos casos de falsos autónomos.
Una importante novedad que introdujo el Estatuto fue la posibilidad de que los trabajadores autónomos cobrasen una prestación por desempleo. Hicieron falta tres años de duras negociaciones para que finalmente se aprobase la Ley 32/2010 de 5 de agosto que regula el sistema de protección por cese de actividad o paro de los autónomos. Aunque ha sido una medida que tampoco ha estado exenta de polémica dadas las dificultades para conseguir beneficiarse de la prestación, lo que ha llevado a aprobar en 2015 algunos cambios para flexibilizar el acceso a la misma.
Vamos a destacar cuáles son los aspectos más destacables del Estatuto de los Trabajadores Autónomos:
- Define el trabajo autónomo y determina los colectivos que lo componen.
- Establece el catálogo de derechos y deberes fundamentales, así como las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
- Determina que los menores de dieciséis años no pueden ser trabajadores autónomos ni ejercer actividad profesional, ni siquiera para sus familiares.
- Crea y regula el Régimen Profesional del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente
- Señala los derechos colectivos, de asociación y de representatividad de los trabajadores autónomos y crea el Consejo del Trabajo Autónomo como órgano consultivo del Gobierno.
- También establece que la acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia, comprenderá: la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo y las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y familiares por hijo a cargo. A este respecto, introdujo la obligación de la cobertura por Incapacidad Temporal.
- Marca las líneas principales de fomento y promoción del trabajo autónomo, así como exenciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
- En lo que se refiere a la creación de una prestación por cese de actividad, dicho de otra manera, el derecho a cobrar “paro”, una de las reivindicaciones históricas del colectivo de trabajadores autónomos, la ley señala (en su disposición adicional cuarta) el inicio de un proyecto de regulación de dicha prestación.
- Introduce como novedad, en lo que se refiere a la contratación de familiares la posibilidad de contratar como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta años, aunque éstos convivan con el trabajador autónomo, quedando excluida la cobertura por desempleo de los mismos.
¿Qué ha ocurrido con posterioridad a la aprobación de la ley?
Posteriormente la Ley del Trabajo Autónomo se desarrolló a través del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, regulando el contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente, y su registro, y creando el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos. Fruto de este Real Decreto 197/2009 se produjo también la Resolución de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, estableciendo el procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Además, en agosto de 2010 por fin se aprobó la Ley que regula el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (Ley 32/2010, de 5 de agosto).
A lo largo de estos años se han ido actualizando algunos contenidos mediante la aprobación de diversas normas complementarias, por ejemplo en materia de bonificaciones en la cuota del autónomo, como la tarifa plana, o ya en 2015, impulsar el demandado Consejo del Trabajo Autónomo mediante la aprobación de la Ley de Fomento del Autoempleo.