En un tipo de acto poco usual, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ayer en el Palacio de la Moncloa y ante más de cincuenta pequeños empresarios las líneas generales de la futura ley Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, texto que verá por fin la luz el próximo viernes cuando sea aprobado en Consejo de Ministros.
Una esperadísima Ley cuyo anteproyecto fue presentado hace pocas semanas y que pretende dar el impulso definitivo para facilitar la creación y consolidación de pequeñas empresas. No obstante, y pese a los esfuerzos del Ejecutivo por crear un texto legal dotado de coherencia y capaz de integrar los diferentes ámbitos de la acción empresarial, la Ley de Emprendedores adolece de algunas carencias vitales para logar el relanzamiento de nuestra economía de manos de pymes y autónomos y, una de ellas, fundamental, es la de la financiación.
Si bien es cierto que el texto del anteproyecto recoge medidas para facilitar la financiación de las pymes, así como la ampliación de las líneas ICO e ICEX, desde la Administración se lanza ahora el balón al tejado de bancos y cajas, instándoles a «estar a la altura» para restablecer el crédito.
Y es que las cifras hablan por sí solas. Según ha denunciado el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, sólo el 20% de los que solicitan financiación para un proyecto emprendedor en una entidad privada logran que les sea concedido el crédito, mientras que en el caso de las entidades nacionalizadas la cifra de concesiones apenas alcanza al 30% de las solicitudes, pese a que, según recuerda Terciado respecto a las segundas, éstas han recibido más de 40.000 millones para sanear sus cuentas.
¿Los motivos? Por un lado, la incidencia de la crisis en los balances de las empresas han hecho que las entidades bancarias hayan endurecido las condiciones para la obtención de créditos. Por otro, se ha comenzado a producir un proceso de «desplazamiento del crédito» desde el sector privado hacia el sector público para financiar parte del creciente déficit público.
Quizá, una de las soluciones, propuesta por Terciado, sea un cambio del modelo de garantías existente hoy día en el sistema bancario, capaz de desbloquear el acceso al crédito por parte de pymes y autónomos que, además, según los ‘Cuadernos de Información Económica’ editados por Funcas, se ven obligados a pagar por su financiación un 35% más que la media de los países de la zona euro.
Imagen: LaMoncloa
